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El Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y de Seguridad Social, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, pretende dar respuesta a los cambios que ha experimentado la tipología del fraude como consecuencia de la actual crisis económica, especialmente en relación a la economía irregular y al trabajo no declarado.

Elaborado conjuntamente por la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, el plan recoge un total de 60 medidas organizadas en cuatro ejes de actuación:

• Mejora de los sistema de captación de información. Establecimiento de instrumentos para la utilización compartida de la información disponible por parte de los tres organismos públicos, así como la creación conjunta de bases de datos. También se implicará en este ámbito a los agentes sociales y económicos a través de acuerdos nacionales, autonómicos y locales y el intercambio de información con organizaciones sectoriales para prevenir el fraude en sectores con mayor riesgo defraudatorio.

• Acciones de control . Centradas en las áreas de riesgo identificadas como más propensas a la ocultación de actividad y el trabajo no declarado

• Acciones de recaudación . Para lo que se creará una Comisión Mixta entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para coordinar actuaciones de recaudación de grandes expedientes y procesos concursales.

• Prevención del fomento y cumplimiento voluntario. A partir de la reducción de las cargas administrativas con la creación de un certificado conjunto de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Asimismo, se llevarán a cabo campañas de concienciación cívica.

Con todas estas medidas el Ejecutivo estima que incrementará durante 2010-2013 una cantidad equivalente al 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB), unos 1.000 millones de euros, los ingresos derivados de la lucha contra el fraude.